Avanza juicio político contra Samuel García en Congreso de Nuevo León por presunto desvío de recursos
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras la solicitud presentada por la bancada de Morena el 8 de junio. El procedimiento se deriva de acusaciones sobre una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.
Aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesión, la Comisión procedió a discutir y votar el asunto, resultando en una mayoría que avaló el inicio del proceso. Samuel García será notificado oficialmente y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder, pudiendo hacerlo por escrito o de manera presencial ante el Poder Legislativo local.
El origen de estas acusaciones se remonta a abril, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra García por presuntamente orquestar un esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, el gobernador habría utilizado un modelo de triangulación de fondos públicos para beneficiar directamente a su círculo familiar, principalmente a través del despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
La investigación señala que los recursos públicos canalizados por el gobierno estatal llegaban a las cuentas del despacho familiar y, posteriormente, se distribuían a otras empresas, destacando “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que habría recibido transferencias por más de mil millones de pesos. Posteriormente, estos fondos habrían sido enviados a diversas jurisdicciones internacionales, incluyendo Estados Unidos, con el supuesto fin de dificultar su rastreo y ocultar su origen.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y asegurando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó los hechos y emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal. En sus redes sociales, el gobernador afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la autoridad estatal determinó que no existe irregularidad tras analizar las pruebas.
Este proceso se suma a un contexto político complejo en Nuevo León, donde la transparencia y el combate a la corrupción son temas recurrentes. La apertura del juicio político representa un paso formal en la revisión de las acusaciones, en un momento en que la ciudadanía demanda mayor claridad en el manejo de los recursos públicos.
