Periodistas mexiquenses denuncian intimidación por parte de alcaldesa de Tenancingo
La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha solicitado la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local, ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en el municipio de Tenancingo.
El conflicto se originó tras la emisión de citatorios por parte de la policía municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez. Estos periodistas fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026 por presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivados de publicaciones y comentarios en redes sociales relacionados con la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco.
Según el colectivo, las acusaciones incluyen expresiones de insulto, sarcasmo e ironía; sin embargo, los comunicadores sostienen que sus publicaciones forman parte del análisis y crítica legítima hacia la administración municipal, especialmente en temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo.
El caso plantea un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones. Los periodistas fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) con sede en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En este proceso, se les advirtió sobre la posibilidad de una sanción económica por un supuesto daño psicológico a la edil, quien habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno.
Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal habría pedido a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración o la difusión de contenidos de la prensa local, lo que representa una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.
La denuncia de la alcaldesa se basa en que las publicaciones periodísticas la revictimizan al retomar un presunto secuestro que ella misma relató en un video difundido previamente en medios de comunicación. Por su parte, los periodistas sostienen que su labor se fundamenta en investigación y solicitudes de información pública, enmarcándose en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.
Finalmente, “100 Periodistas por el Estado de México” hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y evitar cualquier forma de criminalización contra quienes ejercen labores de comunicación, en el contexto de las reformas en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.
