Rosa Isela Sánchez Soya, actual Comisionada Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha solicitado formalmente reunirse con Tania N., interna en el penal de Ciudad Serdán y exmilitante del PRI. Ambas compartieron militancia en el Partido Revolucionario Institucional en Puebla, donde mantuvieron una relación de amistad. Esta visita, gestionada en calidad de autoridad de derechos humanos, ha generado interés debido al trasfondo político y judicial de la interna.
Tania N. fue suplente a la diputación local por el PRI en la última campaña electoral y fue detenida durante ese periodo, acusada de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de presunta participación en un doble homicidio en la zona metropolitana de Puebla. Permanece privada de la libertad en Ciudad Serdán mientras enfrenta un proceso judicial, situación que ha sido objeto de atención mediática y política.
De acuerdo con información oficial, la solicitud inicial de la Comisionada Sánchez Soya fue dirigida al área de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla con el argumento de entregar medicamentos. Sin embargo, posteriormente se formalizó la petición de sostener una reunión privada con Tania N. y otras internas del penal, entre las que se encuentran María Teresa C., Ana Belen Nayeli Karina G., Dulce María M., Brenda C., María Guadalupe L., Lilia M. y Estefani L. La reunión está prevista para realizarse el lunes 18 de mayo, y se prevé que participen visitadores adjuntos de la propia Comisión.
En el contexto nacional, las visitas institucionales a reclusorios por parte de organismos de derechos humanos son un mecanismo habitual para supervisar las condiciones de internamiento y atender denuncias de posibles violaciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, la cercanía personal entre la funcionaria y una interna de alto perfil ha suscitado cuestionamientos sobre la imparcialidad y los alcances de la intervención.
Hasta el momento, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni la Secretaría de Seguridad Pública estatal han emitido un posicionamiento público sobre el sentido y los objetivos específicos de la visita. El caso pone de relieve la compleja intersección entre la política local, el sistema penitenciario y la vigilancia de los derechos humanos, en un entorno donde la transparencia y la rendición de cuentas resultan fundamentales para la credibilidad institucional.
