El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que refuerza la supervisión de transferencias internacionales, en una medida que podría dificultar el envío de remesas de migrantes a México. El documento, titulado “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, instruye a los bancos y entidades financieras a implementar controles más estrictos sobre las transferencias transfronterizas, especialmente aquellas asociadas a migrantes sin estatus legal regular.
Aunque la orden no menciona específicamente las remesas, sus lineamientos apuntan de manera inequívoca al dinero que millones de mexicanos envían mensualmente a sus familias en México. La instrucción, fechada el 19 de mayo de 2026, ordena al Departamento del Tesoro emitir directrices a las instituciones financieras en un plazo de 60 días, enfocándose en tres áreas clave: transferencias de bajo monto —identificadas como potenciales vehículos de actividades ilícitas—, el uso de plataformas de pago entre particulares y patrones de depósitos o retiros pequeños vinculados a ciclos de nómina, una práctica conocida como “estructuración”.
Uno de los aspectos más controvertidos de la orden es el mandato de reforzar los programas de identificación de clientes. Esto incluye la posibilidad de que los bancos requieran información sobre el estatus migratorio de los usuarios cuando detecten patrones catalogados como riesgosos. La referencia explícita al ITIN (número de identificación fiscal individual), documento utilizado por miles de migrantes indocumentados para acceder a servicios bancarios, sugiere que quienes dependen de este mecanismo enfrentarán mayores obstáculos para enviar dinero a sus países de origen.
El impacto sobre México podría ser considerable. El país es el tercer mayor receptor de remesas a nivel global, y en 2025 el Banco de México reportó ingresos superiores a los 64 mil millones de dólares por este concepto, la mayoría provenientes de Estados Unidos. Si bien la orden ejecutiva no prohíbe las remesas, sí otorga a los bancos mayor discrecionalidad para solicitar documentación adicional o rechazar transferencias si consideran que existen riesgos asociados al estatus migratorio del remitente.
En los próximos dos meses, los principales reguladores financieros estadounidenses —incluida la Reserva Federal y la FDIC— deberán emitir guías específicas para el manejo de riesgos crediticios relacionados con la población migrante sin autorización de trabajo. Esto podría traducirse en un acceso más restringido a créditos hipotecarios y otros servicios financieros para los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Históricamente, las remesas han constituido un soporte fundamental para la economía mexicana y para millones de hogares en el país. Las nuevas disposiciones, si bien responden a preocupaciones legítimas sobre el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, plantean el reto de no obstaculizar de manera desproporcionada el acceso de los migrantes a servicios financieros formales.
El debate sobre la regulación de remesas ha sido recurrente en la política estadounidense, oscilando entre la necesidad de mantener la integridad del sistema financiero y la obligación de no criminalizar a comunidades que dependen de estos recursos. El desarrollo de las regulaciones secundarias y la respuesta de la banca determinarán, en última instancia, el alcance real de esta nueva directriz y su impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
