Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal estatal que sanciona la cohabitación forzada con penas de hasta 22 años y medio de prisión, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 del país en legislar sobre este tema, marcando un precedente en la protección de menores y personas en situación de vulnerabilidad.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece una pena de 8 a 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de 18 años o personas vulnerables a unirse informalmente con otra persona en condiciones similares al matrimonio. La sanción puede aumentar hasta 22 años y medio cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, o cuando el agresor tenga una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
El dictamen fue impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la exposición de motivos, se destacó que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir 18 años. Además, en 2022 nacieron más de 9 mil bebés de madres menores de 15 años en el país, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de medidas legislativas.
La reforma busca también reducir los índices de deserción escolar y embarazo adolescente, fenómenos asociados a las uniones forzadas. En palabras de la propuesta legislativa: “Esta propuesta pretende evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo. Con la finalidad de atender las situaciones de violencia en contra de ellas, incidiendo en la reducción de los índices de deserción escolar y el embarazo adolescente”.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2025 Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, cifra superior al promedio nacional de 2.39 y que mantiene al estado entre los 10 con mayor incidencia en el país. Aunque la proporción estatal es inferior a la registrada en 2018, cuando el indicador fue de 3.68 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años, la reducción no ha sido suficiente para sacar a Puebla del grupo de entidades con más casos.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, ubicó el año pasado a Puebla en el octavo lugar nacional en nacimientos de madres menores de 15 años, solo detrás de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
La reforma aprobada este jueves representa un avance legal significativo en la protección de la infancia y los grupos vulnerables en Puebla, en un contexto donde persisten la discriminación estructural, la pobreza y las prácticas tradicionales que normalizan las uniones tempranas y forzadas.
