México enfrenta desafíos persistentes para garantizar los derechos de los afromexicanos, según advirtió Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al concluir su visita oficial al país. Aunque el reconocimiento constitucional representa un avance histórico, la experta enfatizó que el color de piel sigue utilizándose como criterio de sospecha en controles policiales, operativos migratorios y espacios públicos, perpetuando la discriminación estructural de este grupo social.
Durante su declaración, Mamadou, acompañada de la experta Catherine Namakla, subrayó la preocupación por la falta de datos desagregados en sectores clave, lo que dificulta la formulación de políticas efectivas y perpetúa desigualdades. “El perfilamiento racial sigue siendo endémico en el país. El color de piel continúa utilizándose como criterio de sospecha en controles policiales y operativos migratorios, en estaciones de autobuses y aeropuertos. México aún no sabe cuántas personas afrodescendientes desaparecen, migran o acceden a la justicia”, señaló Mamadou.
En un contexto donde la visibilidad estadística, el acceso a la justicia y la representación política de los afromexicanos continúan siendo limitados, el Grupo de Trabajo de la ONU llamó a implementar cambios estructurales. Entre las recomendaciones destacan la necesidad de reformas legales y de políticas públicas orientadas a la justicia reparadora, la modificación de planes de estudio educativos, la creación de una institución especializada y el fortalecimiento de los mecanismos actuales de protección.
Las expertas reconocieron los avances logrados por México, como la reforma constitucional y los esfuerzos para otorgar mayor visibilidad a los pueblos afromexicanos. Sin embargo, advirtieron que “el reconocimiento sin implementación corre el riesgo de convertir un logro histórico en una promesa vacía, afianzando más la desigualdad en lugar de resolverla”. Asimismo, enfatizaron la importancia de que las políticas públicas adopten un enfoque diferenciado y antirracista, desarrolladas en consulta directa con las comunidades afectadas, en lugar de subsumirlas en marcos institucionales diseñados para los pueblos indígenas.
Históricamente, los afromexicanos han enfrentado invisibilidad y exclusión en la vida pública nacional. No fue sino hasta 2019 que la Constitución mexicana reconoció oficialmente a los pueblos y comunidades afromexicanas, un paso relevante tras décadas de activismo y demanda social. No obstante, los desafíos persisten en términos de representación política, acceso a servicios básicos y justicia, así como en la vulnerabilidad ambiental que enfrentan muchas comunidades.
El Grupo de Trabajo de la ONU presentará un informe completo sobre su visita a México ante el Consejo de Derechos Humanos durante los meses de septiembre y octubre próximos, en el que se espera profundizar en las recomendaciones y evaluaciones sobre la situación de los afromexicanos en el país.
La deuda histórica con las comunidades afromexicanas exige, según las expertas, voluntad política sostenida, reformas estructurales y una genuina participación ciudadana para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y avanzar hacia una sociedad más equitativa.
