Paulina González Garibay, exempleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el área de CFE-Distribución, División Centro Oriente con sede en Puebla, Puebla, se encuentra en el centro de la polémica tras reportar ingresos netos por más de 60 millones de pesos en 2023, según su declaración patrimonial. Este monto, inusualmente alto para un funcionario público de nivel medio, ha llamado la atención tanto por su magnitud como por el contexto de ajustes presupuestales en el sector energético y el servicio público.
De acuerdo con su declaración de modificación 2024, González Garibay reportó una remuneración anual neta de $60,343,974 MXN por su cargo público, sin ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales o profesionales. Esta cifra supera ampliamente el salario de altos mandos en la administración pública federal y resulta particularmente llamativa en comparación con los límites establecidos por la legislación vigente.
El 27 de febrero de 2025, la CFE, a través de la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, emitió un oficio que restringe el acceso de González Garibay a las instalaciones de la empresa. El documento, firmado por el jefe del Departamento de Servicios Generales, Manuel Dehesa Toledo, instruye a la empresa de vigilancia Secumax a impedir su ingreso “por ningún motivo”, solicitando además total discreción al personal encargado de ejecutar la medida. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de esta decisión ni existe información pública sobre investigaciones administrativas o penales en curso.
Este caso se da en un contexto de profundas reformas al sistema de remuneraciones y pensiones en el sector público. Desde la reforma al artículo 127 constitucional, vigente a partir de 2024, se establecieron topes a las pensiones y salarios de servidores públicos, eliminando las llamadas “pensiones doradas” y fijando un límite de $67,145 pesos mensuales para 2026, equivalente al 50% del salario neto presidencial. La medida, impulsada para contener el gasto público y eliminar privilegios heredados, ha afectado a más de 93 mil jubilados de entidades como Pemex, CFE, Banobras y la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, quienes enfrentan reducciones de hasta el 60% en sus ingresos mensuales.
La reforma ha generado controversias legales y protestas, pues especialistas advierten que su aplicación retroactiva podría violar el principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 14 constitucional. Mientras tanto, la incertidumbre jurídica y la preocupación por la estabilidad económica se acentúan entre extrabajadores del sector público, en un entorno de reestructuración fiscal y revisión de pasivos laborales.
El caso de Paulina González Garibay pone de relieve las tensiones entre la necesidad de transparencia y disciplina presupuestal en la administración pública y las prácticas administrativas del pasado. A la fecha de publicación de esta nota (junio de 2024), se espera mayor claridad sobre el origen y justificación de los ingresos declarados, así como sobre las acciones que puedan derivarse de las investigaciones internas en la CFE.
