La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que enviará una propuesta de reforma electoral al Congreso de la Unión con el objetivo de impedir que personas con “riesgo de vínculo” con la delincuencia organizada puedan ser postuladas como candidatas a cargos de elección popular. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se detalló que la iniciativa busca fortalecer los filtros para la selección de aspirantes y evitar la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.
La propuesta, según explicó Sheinbaum, retoma una de las medidas planteadas en el denominado “Plan A” de reforma electoral, presentado previamente pero no aprobado en legislaturas anteriores. De ser avalada por las cámaras de Diputados y Senadores en un posible periodo extraordinario, la reforma podría aplicarse en el proceso electoral de 2027.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló que la iniciativa contempla una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El eje central sería la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, encargada de supervisar los perfiles de quienes busquen una candidatura. El procedimiento sería voluntario y requeriría que partidos y aspirantes entreguen una lista de candidatos para su escrutinio.
La Comisión consultaría a diversas instancias, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), para identificar posibles señalamientos, delitos o movimientos bancarios irregulares relacionados con los aspirantes. Posteriormente, las autoridades entregarían un análisis de riesgos a los partidos políticos, quienes conservarían la decisión final sobre las postulaciones, incluso en casos donde se detecten irregularidades.
Este proceso, según Alcalde, sería confidencial y solo se abriría una investigación formal si se detecta una posible actividad delictiva en el perfil de alguno de los candidatos.
El contexto de la propuesta está marcado por los recientes hallazgos de la Operación Enjambre, que ha revelado la participación de funcionarios públicos en actividades criminales. Sheinbaum subrayó la importancia de implementar mecanismos más robustos para prevenir la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder, una preocupación histórica en México que ha motivado diversas reformas electorales en las últimas décadas, aunque con resultados limitados.
La presidenta enfatizó que la propuesta será discutida junto con otras reformas, como la anunciada esta semana para el poder judicial, buscando responder a una demanda social de mayor integridad y transparencia en la vida política nacional. El debate sobre la viabilidad y los alcances de este mecanismo se anticipa relevante para el equilibrio entre el derecho a ser votado y la protección del sistema democrático ante la amenaza de la criminalidad organizada.
