A partir del viernes 9 de enero de 2026, México implementó el registro obligatorio de líneas celulares como parte de un esquema nacional para reforzar los controles de seguridad y la verificación de identidad, con el objetivo de combatir fraudes telefónicos. Sin embargo, a un mes de que finalice el periodo de registro, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que la respuesta ciudadana ha sido menor a la esperada.
De acuerdo con datos de la CRT, de aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas activas en el país, sólo alrededor de 30 millones han sido registradas, lo que representa menos del 30% del total. Esta cifra evidencia el escepticismo de la población ante el proceso y la baja colaboración en la vinculación de líneas, situación que ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo de registro.
Según los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, los proveedores de servicios deberán deshabilitar temporalmente las líneas que no hayan sido vinculadas a un titular a partir del 1° de julio de 2026. Durante la suspensión, los usuarios sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia como 911, 089 y 088, o a líneas de soporte del operador. Cabe destacar que la suspensión no elimina las obligaciones contractuales, por lo que los usuarios deberán continuar pagando su plan o equipo, aun cuando el uso de la línea esté restringido.
Actualmente, cerca de 128 millones de líneas permanecen sin registrar, lo que representa un desafío considerable para las autoridades y operadores de telecomunicaciones. En respuesta, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la participación, utilizando redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, incluyendo el transporte público como Metro y Metrobús.
El bajo nivel de registro y la incertidumbre sobre el cumplimiento del plazo límite plantean interrogantes sobre la efectividad de la medida y la disposición de la ciudadanía a colaborar con iniciativas de seguridad impulsadas desde el gobierno.
