El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026 un proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de México para incluir la figura de “intervención extranjera” como causa de nulidad en las elecciones.
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, fue aprobada con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención. Esta modificación constitucional define la intervención extranjera como el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y la intervención de gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales.
La iniciativa fue impulsada por el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien propuso que la injerencia extranjera sea causal de nulidad electoral cuando sea grave, dolosa y determinante para el resultado de los comicios. Durante la discusión, legisladores de oposición manifestaron su preocupación de que esta reforma pueda ser utilizada como una herramienta política en caso de una eventual derrota electoral de Morena en los próximos comicios.
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma y señaló que en el pasado se han registrado “financiamientos desde fuera” a candidatos y organizaciones en México. Subrayó la importancia de que “en México decidimos los mexicanos” ante la posible intervención extranjera en las elecciones.
Además, este jueves las y los diputados aprobaron en lo general un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enfocadas en la integridad de las candidaturas.
Estas reformas se discuten en un contexto de sesiones extraordinarias que el Congreso mexicano inició esta semana, con la urgencia de aprobar cuatro iniciativas antes de que concluya mayo. Esto responde a la necesidad de establecer el marco legal 90 días antes del inicio del calendario electoral para los comicios de 2027, en los que se elegirán a más de la mitad de los gobernadores del país, 500 diputados federales y otros cargos locales.
