Las autoridades estadounidenses han iniciado investigaciones contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, respectivamente, ambos militantes de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, informó el diario estadounidense Los Angeles Times.
Según la publicación, Estados Unidos habría revocado discretamente las visas de ambos mandatarios estatales mientras se llevan a cabo las indagatorias. Sin embargo, el medio señala que Durazo y Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial denominado “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo que suele aplicarse a personas que colaboran con las autoridades o participan como testigos en investigaciones.
Ante estas acusaciones, el Gobierno de Sonora rechazó categóricamente la información y aseguró que Alfonso Durazo cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, afirmó: “Es completamente falsa la información publicada. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento”.
De manera similar, el gobierno de Tamaulipas calificó las acusaciones contra Américo Villarreal como “falsas y de enorme gravedad”, subrayando que no existe ninguna prueba que las respalde.
En este contexto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los gobernadores deben aclarar si efectivamente les fue retirada la visa y cuestionó la intención detrás de hacer pública esta información: “¿Qué intención con quitar la visa y además, hacerlo público?”, expresó.
Estas revelaciones se suman a un contexto de creciente escrutinio internacional sobre funcionarios mexicanos y sus posibles vínculos con el crimen organizado, un tema que ha marcado la agenda política y de seguridad en los últimos años.
En paralelo, mientras se discuten estas investigaciones, proyectos de infraestructura como el cablebús en Puebla avanzan como alternativas de transporte público que buscan mejorar la movilidad urbana y ofrecer opciones seguras y eficientes para la población, en un país donde la seguridad y la gobernabilidad siguen siendo retos centrales.
