En un fallo histórico emitido este jueves 4 de junio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el requisito impuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que obligaba a las parejas en concubinato a demostrar un mínimo de cinco años de convivencia para acceder a una pensión por viudez.
La decisión unánime del máximo tribunal del país elimina una barrera legal que, hasta ahora, condicionaba el acceso a la seguridad social en función del tiempo de cohabitación, afectando principalmente a modelos familiares no tradicionales. Los ministros argumentaron que esta restricción vulneraba derechos fundamentales, como el acceso equitativo a la protección social y el libre desarrollo de la personalidad.
Durante la sesión, el Pleno enfatizó que imponer un requisito basado en la duración formal de la unión representa un trato discriminatorio que privilegia el matrimonio civil sobre otras formas legítimas de convivencia. En palabras del tribunal, “imponer ese requisito es una carga adicional a quienes optaron por construir una familia de forma distinta al matrimonio y genera un trato discriminatorio basado en el estado civil”.
Este fallo no elimina la necesidad de que los beneficiarios acrediten la existencia de una relación real y formal con el asegurado fallecido, pero flexibiliza los criterios para evaluar el vínculo, priorizando su naturaleza sobre la acumulación de años.
La resolución de la SCJN representa un avance significativo en la protección de la diversidad familiar y en la eliminación de obstáculos burocráticos que limitaban el acceso a derechos sociales. En un contexto donde las formas de convivencia se diversifican, esta medida contribuye a una seguridad social más inclusiva y adaptada a las realidades contemporáneas.
Este cambio legal se suma a otras iniciativas de infraestructura y políticas públicas que buscan modernizar y ampliar el acceso a servicios esenciales, como el proyecto del cablebús en Puebla, que pretende mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de sus habitantes, reflejando un enfoque pragmático y progresista en la gestión pública.
