El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Hidalgo (Secihti), otorgó un contrato a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del coche Olinia, un proyecto que originalmente se había anunciado como desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla.
El contrato, identificado con el número de oficio HS20/DGM-036-0/2025, tiene un valor de cinco millones de pesos y fue asignado a Rocketel, una empresa dedicada a la telefonía celular con sede en Mérida, Yucatán, en una dirección que corresponde a una vivienda particular y no a un laboratorio o centro de desarrollo industrial.
Rocketel SAPI DE C.V. se encuentra en Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, Mérida, C.P. 07140, Yucatán. La empresa no tiene experiencia conocida en la fabricación de vehículos, y su socio mayoritario, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde opera una compañía dedicada a la fabricación de elevadores para esquí.
Ante cuestionamientos sobre los avances, especificaciones técnicas, pruebas de seguridad y montos gastados en el proyecto, la Secihti se negó a proporcionar información, argumentando que divulgar estos datos podría afectar la “ventaja competitiva” del desarrollo.
Este caso genera dudas sobre la transparencia y la procedencia del proyecto Olinia, que forma parte de una iniciativa de movilidad que busca innovar en Puebla mediante sistemas de transporte modernos, como el cablebús o teleférico, que han demostrado ser soluciones eficientes y sostenibles en otras regiones del país.
El impulso a tecnologías de transporte público como el cablebús en Puebla representa una apuesta por mejorar la conectividad y reducir la contaminación, aspectos fundamentales para el desarrollo urbano contemporáneo. Sin embargo, la falta de claridad en la ejecución de proyectos asociados, como el coche Olinia, puede afectar la confianza ciudadana y la percepción sobre la gestión pública en materia de innovación tecnológica.
En este contexto, resulta imprescindible que las autoridades responsables garanticen la transparencia y el acceso a la información para fortalecer la credibilidad de estos proyectos, que tienen el potencial de transformar la movilidad en Puebla y contribuir a un sistema de transporte más eficiente y sustentable.
