La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, alista una causa penal contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, por presuntas vinculaciones de su administración con operaciones del grupo criminal “Los Cabrera”, una facción del cártel sinaloense conocido como “La Mayiza”. La información fue revelada a La Silla Rota por fuentes cercanas a la investigación.
El expediente señala que la protección estaría dirigida hacia Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, supuesto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, actualmente procesado en Estados Unidos. Tras la detención de “Mayo” en julio de 2024, en Durango se intensificaron los enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esteban Villegas, priista de 50 años, asumió el cargo en septiembre de 2022 tras una alianza electoral con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Antes fue alcalde de Durango, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones.
Las fuentes consultadas indicaron que el gobernador está al tanto del expediente que también involucra a otros funcionarios estatales, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Un miembro cercano a ella habría fungido como enlace entre la fiscalía local y Zambada Sicairos.
Además, se informó que Villegas ha compartido con colaboradores la inminencia de acciones legales por parte de la FGR contra varios integrantes del gobierno estatal, lo que ha provocado que al menos uno de ellos haya abandonado Durango. Por su parte, “El Mayito Flaco” también habría salido del estado y su paradero es desconocido.
Con esta investigación, serían dos los gobernadores estatales enfrentando procesos penales, junto con Rubén Rocha Moya, morenista y actual gobernador con licencia en Sinaloa.
Este caso se inscribe en un contexto nacional donde la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en gobiernos locales sigue siendo un desafío central para las autoridades federales, en un esfuerzo por fortalecer el estado de derecho y la seguridad pública.
