La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró este martes 16 de junio de 2026 que no tiene participación ni opinión sobre la entrega del militar en retiro Gerardo Mérida a las autoridades de Estados Unidos, donde es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, la dependencia se deslindó del nombramiento de Mérida como exsecretario de Seguridad en Sinaloa.
El titular de Sedena, general Ricardo Trevilla, explicó que el caso corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República y a las autoridades estadounidenses. “La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto, es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o las autoridades en Estados Unidos”, afirmó.
Sobre la relación laboral con Mérida, Trevilla detalló que el general pasó a situación de retiro en 2022 y desde entonces no mantiene vínculo laboral con la Sedena, salvo trámites administrativos relacionados con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que incluyen pagos de haberes y servicios médicos para él y su familia.
En respuesta a las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien responsabilizó a la Defensa del nombramiento de Mérida para deslindar al gobernador con licencia Rubén Rocha, el general Trevilla señaló que hubo una mala interpretación. Explicó que los gobiernos estatales son autónomos y pueden solicitar la opinión de la Sedena sobre el perfil profesional de un militar retirado, pero la decisión final corresponde a las autoridades estatales.
“Normalmente ellos son los gobiernos de los estados, son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo. “Lo que se recomienda, o sea piden la opinión: cómo fue este general en funciones en su ruta profesional, en su carrera y se da la opinión, así es como sucedió”.
Finalmente, al ser cuestionado sobre si la Sedena tenía conocimiento de la situación de Mérida en Estados Unidos, Trevilla respondió tajante: “No”.
Este deslinde se produce en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas en la designación de funcionarios públicos y militares retirados cobran relevancia, especialmente en estados con alta incidencia delictiva como Sinaloa.
