El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta señalamientos por presuntamente haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos. La denuncia fue hecha pública por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que también acusa al edil de proteger a los padres del presunto feminicida, quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026.
Andrea Maylín desapareció el 20 de junio de 2025 en Yautepec, y su cuerpo fue encontrado el 30 de julio de ese mismo año cerca del domicilio de la familia de Ricardo R. S. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos abrió una investigación y emitió una ficha de búsqueda en septiembre de 2025, pero hasta ahora sólo se ha detenido a los familiares del acusado, quienes presuntamente lo han ayudado a evadir la justicia.
La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec identificó al alcalde Méndez Grappin como familiar directo de Viola S., madre de Ricardo R. S., y lo acusó de usar su cargo para proteger a su familia. “¿Cómo es posible que un servidor público actúe como cómplice de un feminicidio?”, cuestionó la agrupación en sus redes sociales.
Los padres del presunto feminicida, Viola S. y Ricardo R. C., fueron detenidos en San Rafael, Veracruz, y en el Estado de México, respectivamente, gracias a la aplicación de la Ley Monse, una reforma pionera en México que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como feminicidio. Esta ley fue aprobada en Morelos tras el feminicidio de Monserrat Bendimes en 2021 y replicada en Veracruz el 28 de octubre de 2025, con 39 votos a favor.
Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, señaló que el alcalde podría ser objeto de investigación por las autoridades debido a que habría ocultado a sus familiares después de la aprobación de esta reforma.
Este caso pone en evidencia los retos que enfrentan las autoridades para garantizar justicia en delitos de violencia de género, así como la importancia de mecanismos legales que impidan el encubrimiento, incluso cuando involucra a servidores públicos. La denuncia contra Méndez Grappin subraya la necesidad de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder público, especialmente en contextos donde la impunidad ha sido un obstáculo persistente para las víctimas y sus familias.
