La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, se encuentra bajo escrutinio no solo por la investigación que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene en su contra por un presunto autosecuestro, sino también por aparentes inconsistencias en la secuencia de sus estudios profesionales.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por EMEEQUIS, la morenista habría concluido una maestría en administración pública el 13 de agosto de 2018, antes de haber terminado formalmente su licenciatura en derecho, cuyo registro oficial indica fecha de terminación el 31 de agosto de 2018, es decir, 13 días después.
Esta cronología resulta atípica y plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos para cursar un posgrado, ya que el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública establece que para ingresar a una maestría es necesario contar con el título de licenciatura o, al menos, haber cubierto la totalidad de los créditos de ese nivel cuando el posgrado forme parte de una opción de titulación.
Hasta el momento, no existe una explicación pública que aclare si Nancy Nápoles había concluido previamente todos los créditos de la licenciatura o si las fechas corresponden a distintos momentos administrativos del proceso de titulación. EMEEQUIS solicitó al Instituto Universitario del Estado de México una aclaración sobre esta cronología, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta edición. Tampoco la alcaldesa ha emitido declaraciones al respecto.
Además, la revisión de la información pública revela que gran parte de los datos curriculares de la presidenta municipal permanecen reservados o incompletos. En la Plataforma Nacional de Transparencia solo se encontró un formato que indica que laboró como coordinadora de capacitaciones entre 2014 y 2017, sin un currículo actualizado que detalle su trayectoria académica y profesional.
Este escrutinio ocurre en un contexto delicado, pues la Fiscalía del Estado de México sostiene que Nápoles habría participado en la simulación de un secuestro para justificar la desaparición de 40 millones de pesos del erario municipal. La alcaldesa ha rechazado estas acusaciones y asegura que fue víctima de un secuestro real. En un mensaje difundido en redes sociales, denunció actos de discriminación por parte de las autoridades ministeriales y solicitó que el fiscal general conozca directamente su caso.
Este episodio se suma a un escenario político y social complejo en la región, donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas crecientes de la ciudadanía. En este contexto, la claridad sobre la formación académica y la conducta de los servidores públicos resulta fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones.
