El gobierno mexicano anunció una prórroga de 184 días naturales para que los usuarios de telefonía móvil completen la vinculación de sus líneas celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el nuevo registro telefónico nacional. Originalmente, el plazo vencía el martes 30 de junio, pero ahora se extiende hasta la semana del jueves 31 de diciembre de 2026.
Esta ampliación busca facilitar que los cerca de 82 millones de usuarios que aún no han realizado este trámite puedan cumplir con la obligación, especialmente los usuarios de prepago, quienes deberán hacerlo conforme a un calendario escalonado basado en el último dígito de su número celular. Por ejemplo, quienes tengan números terminados en 9 tendrán hasta el 31 de diciembre para completar la vinculación, fecha que se establece como límite final para todos los usuarios.
El registro telefónico fue concebido como una herramienta para fortalecer la prevención y la investigación de delitos, al asociar cada línea telefónica con la identidad de su titular. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encargada de conducir este proceso, informó que hasta el martes 23 de junio se había logrado vincular el 43.28% del mercado móvil, equivalente a 63 millones de líneas, entre prepago y pospago, de un total de aproximadamente 144.5 millones de números celulares registrados en México.
La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo asignado a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas no vinculadas en un plazo de 72 horas, permitiendo únicamente llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a la propia compañía, así como la recepción de alertas en caso de sismos.
Esta decisión representa el primer ajuste significativo en la política regulatoria de la CRT desde su creación, ya que inicialmente se había fijado el 30 de junio como fecha límite, pese a las solicitudes del sector para ampliar el plazo. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla la posibilidad de otorgar hasta 120 días hábiles adicionales, pero la extensión aprobada supera este margen, lo que genera interrogantes sobre los argumentos y el proceso interno que llevó a esta modificación.
El registro telefónico ha enfrentado críticas desde su implementación, principalmente por la brevedad del plazo inicial de 30 días naturales para que las empresas adaptaran sus sistemas tecnológicos y por las dificultades técnicas que han afectado a usuarios y operadores. Esta semana, un grupo de operadores móviles virtuales solicitó formalmente la ampliación del plazo tras reportar la pérdida de más de un millón de accesos debido a estos problemas.
El gobierno ha señalado que la infraestructura necesaria para este registro tiene un costo estimado en más de 4 mil millones de pesos, que inicialmente será absorbido por las empresas de telecomunicaciones y posteriormente trasladado a los consumidores en sus planes de servicio.
En un contexto donde la seguridad pública es una prioridad nacional, esta medida busca equilibrar la necesidad de control y prevención con la realidad operativa del sector y las condiciones de los usuarios, en un esfuerzo por consolidar un sistema de telecomunicaciones más seguro y confiable para la población.
