Un reportaje publicado por The New York Times, en colaboración con Puente News, reveló que varios funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente vinculados con Morena, han establecido contactos con autoridades estadounidenses para proporcionar información relacionada con investigaciones sobre presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Según el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores, han buscado comunicarse con autoridades de Estados Unidos, y algunos ya participan en conversaciones confidenciales. Estas acciones, señala el medio, buscan anticiparse a posibles investigaciones en su contra.
El reporte, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, detalla que estos acercamientos comenzaron tras la acusación, a finales de abril, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Además, The New York Times señala que la DEA ha impulsado una iniciativa para contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el fin de persuadirlos a colaborar en las investigaciones.
Las pesquisas estadounidenses también se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos, así como por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados por México a territorio estadounidense en los últimos 18 meses, varios de los cuales han comenzado a colaborar con fiscales federales.
Estas investigaciones han generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos. Desde que se hicieron públicas las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado reiteradamente los señalamientos y ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse con base en los mecanismos de cooperación bilateral y con respeto a la soberanía nacional.
Este contexto subraya la complejidad de la relación bilateral en materia de seguridad y la delicada posición de los funcionarios involucrados, en un momento en que la cooperación entre ambos países es fundamental para enfrentar el crimen organizado.
