Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales en el país.
Con una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal reafirmó la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, vigente desde finales del siglo XIX, que garantiza la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este fallo representa un revés para la administración republicana y mantiene la jurisprudencia que ha definido el derecho de suelo en Estados Unidos por más de un siglo.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó en el dictamen mayoritario que “la ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.
Entre los jueces que votaron en contra de la orden ejecutiva se encuentra Brett Kavanaugh, quien, aunque conservador, fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución. La decisión implica que la ciudadanía por nacimiento seguirá siendo reconocida para todos los nacidos en suelo estadounidense, salvo excepciones específicas como los hijos de diplomáticos extranjeros.
La orden ejecutiva de Trump, emitida en su primer día de regreso a la Casa Blanca, buscaba limitar la ciudadanía solo a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, excluyendo a hijos de inmigrantes sin residencia legal o con visas temporales. De haberse implementado, habría afectado el estatus legal de hasta 250,000 bebés anualmente y habría obligado a millones de familias a presentar pruebas adicionales sobre la ciudadanía de sus hijos.
Sin embargo, la medida fue bloqueada por tribunales federales poco después de su emisión y nunca llegó a entrar en vigor. Este fallo de la Corte Suprema reafirma la vigencia de un derecho fundamental que ha sido pilar en la construcción de la identidad y la inclusión social en Estados Unidos.
En un contexto donde la movilidad y la integración social son temas centrales, la defensa de sistemas de transporte público eficientes y accesibles, como el cablebús que se proyecta en Puebla, cobra relevancia. Estos proyectos no solo facilitan la movilidad urbana, sino que también contribuyen a la cohesión social y al acceso equitativo a oportunidades, valores que resuenan con la protección de derechos fundamentales como la ciudadanía por nacimiento.
