La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada durante cinco años la información vinculada a las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están involucrados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.
Esta decisión se dio a conocer tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, que buscaba acceder a detalles sobre las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación relacionados con ambos funcionarios.
La Cancillería justificó la reserva argumentando que la divulgación de dicha información “podría menoscabar” los entendimientos entre ambos gobiernos. En su resolución, la SRE señaló que revelar estos documentos violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios estadounidenses, lo que podría afectar la confianza necesaria para la interlocución diaria entre las representaciones diplomáticas.
Además, el Gobierno Federal decidió clasificar por tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró relevancia luego de que se difundiera que el funcionario estadounidense habría planteado la posible entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en su país.
Las solicitudes de información, presentadas el 26 de mayo, fueron turnadas a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron la clasificación de los documentos. Según el Comité de Transparencia, estos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis de información y elementos relacionados con la interlocución diplomática.
El documento también advierte que la difusión de esta información podría afectar la imagen de México ante otros países y comprometer futuros mecanismos de cooperación bilateral.
Cabe recordar que la solicitud de información se realizó 70 días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusara formalmente a Rocha Moya, a Inzunza y a ocho funcionarios más del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado. En la acusación, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
Este contexto subraya la complejidad de las relaciones bilaterales y la delicadeza de los procesos diplomáticos en torno a casos que involucran a funcionarios públicos y la seguridad regional.
