Ex regidor de Morena es arrestado por violencia familiar en Guanajuato

Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, ex regidor de Morena y ex asesor legislativo, fue detenido por agredir a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, actual regidora morenista en el ayuntamiento de Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad municipal informó que el arresto ocurrió tras recibir un reporte sobre una agresión en la colonia La Venada, donde un hombre golpeaba a su esposa dentro de un vehículo. Al llegar, los oficiales escucharon a un menor de edad gritar que su padre estaba golpeando a su madre. Un grupo de aproximadamente diez personas también acusó a Aguayo de violencia frente al niño.

Al solicitar que descendieran del automóvil, la regidora indicó que no requería atención médica. Sin embargo, el ex regidor se mostró agresivo con los oficiales, quienes procedieron a su detención. Posteriormente, Celia Carolina y el menor fueron canalizados al área de trabajo social para ser atendidos y posteriormente presentados ante el Ministerio Público.

Este incidente se suma al historial polémico de Aguayo Arredondo, quien en marzo de 2025 fue objeto de un exhorto del Congreso de Guanajuato al Instituto Nacional Electoral para revisar su candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito. Esto debido a que fue juzgado por un fraude de 237 mil pesos en agravio del Poder Legislativo.

Durante la legislatura 2015-2018, Aguayo fungió como asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, y fue señalado por utilizar empresas fantasma para emitir facturas falsas y desviar recursos públicos del Congreso estatal. Diputados del PAN denunciaron que incluso intentó sobornar con 50 mil pesos al Congreso para evitar consecuencias legales, oferta que fue rechazada.

El proceso judicial concluyó el 16 de marzo de 2022, cuando Aguayo firmó un acuerdo reparatorio para devolver 273 mil pesos al Congreso mediante cuatro pagos parciales.

Este caso refleja las complejidades y retos que enfrentan las instituciones locales para garantizar la integridad y la legalidad en la función pública, así como la protección de las víctimas de violencia familiar.

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