La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles 8 de julio de 2026 que su Gobierno prepara “medidas jurídicas más importantes” en respuesta al fallecimiento de un ciudadano mexicano a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El caso ocurrió el martes 7 de julio en Houston, cuando Lorenzo Salgado Araujo fue herido por disparos de un agente de ICE y posteriormente murió en un hospital. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, el agente disparó porque Salgado Araujo evadió su arresto durante una parada de tráfico, se negó a obedecer órdenes verbales y embistió un vehículo policial.
Mientras la Oficina del inspector general del DHS y el FBI en Houston investigan los hechos, organizaciones defensoras de inmigrantes y congresistas estadounidenses han exigido transparencia y una revisión exhaustiva de las pruebas.
Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, describió a su padre como un “hombre mexicano trabajador” que estaba en proceso legal para obtener su permiso de trabajo en Estados Unidos y que, al momento del incidente, se dirigía a su empleo para recoger a sus empleados.
En su conferencia matutina, Sheinbaum criticó que este tipo de casos persistan, señalando que la única falta de los inmigrantes es “no tener papeles”. La mandataria enfatizó que no se debe recurrir a la violencia ni mantener a estas personas en centros de detención.
El Gobierno mexicano ha enviado previamente notas diplomáticas por casos similares y solicitó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar las muertes en centros de detención de ICE. En marzo pasado, México se sumó a una demanda colectiva contra ICE tras la muerte de otro inmigrante.
Sheinbaum señaló que, aunque Estados Unidos responde a las notas diplomáticas, las muertes de connacionales continúan ocurriendo. Por ello, anunció que junto con el canciller Roberto Velasco presentará próximamente las nuevas medidas jurídicas que se implementarán en este caso.
Este anuncio se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y la necesidad de mecanismos efectivos para proteger sus derechos, sin dejar de lado la cooperación bilateral en materia migratoria y seguridad.
