Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La controversia gira en torno a la comercializaci\u00f3n de juegos digitales como si fueran propiedad definitiva, cuando en realidad se trata de licencias revocables. <\/p>\n
La legislaci\u00f3n californiana proh\u00edbe el uso de t\u00e9rminos como \u00abcomprar\u00bb o \u00abadquirir\u00bb sin una advertencia clara y visible que informe al consumidor que solo obtiene una licencia de uso, no la propiedad total del producto. Aunque PlayStation Store incluye textos legales en su proceso de compra, la demanda sostiene que estas advertencias son poco visibles y generan confusi\u00f3n entre los usuarios, quienes creen poseer los juegos de forma permanente, similar a un disco f\u00edsico. <\/p>\n
Este litigio surge en un contexto de creciente descontento global por el cierre de servidores que ha dejado inaccesibles varios t\u00edtulos digitales. Un caso emblem\u00e1tico es el de Destruction AllStars, un juego exclusivo de PS5 lanzado en 2021, que fue retirado de la tienda y cuyo modo multijugador fue desactivado en mayo de 2026. Su modo para un jugador, actualmente disponible, desaparecer\u00e1 el 25 de noviembre de este a\u00f1o, dejando el juego completamente inutilizable para quienes lo adquirieron. <\/p>\n
El fen\u00f3meno de la p\u00e9rdida de acceso a juegos digitales se intensific\u00f3 en 2023 con el cierre de servidores de The Crew, un juego de conducci\u00f3n en l\u00ednea de Ubisoft, que incluso elimin\u00f3 los modos locales. Este hecho motiv\u00f3 a la asamble\u00edsta Jacqui Irwin a impulsar la ley AB 2426 en California. Adem\u00e1s, ha surgido el movimiento internacional Stop Killing Games, que busca presionar a legisladores en Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea para que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin conexi\u00f3n tras el abandono comercial. <\/p>\n
Sony enfrenta en 2026 m\u00faltiples frentes legales. Entre ellos destaca un acuerdo preliminar aprobado por un tribunal federal para resolver una demanda antimonopolio (Caccuri v. Sony) que acusa a la compa\u00f1\u00eda de restringir la venta de c\u00f3digos digitales a trav\u00e9s de minoristas externos, inflando precios. Los usuarios afectados entre 2019 y 2023 recibir\u00e1n compensaciones tras la audiencia final programada para el 15 de octubre de 2026. <\/p>\n
Asimismo, en mayo de 2026 se present\u00f3 otra demanda colectiva que acusa a Sony de sobreprecios en la venta de la consola PS5 durante la crisis de aranceles, se\u00f1alando que la empresa no traslad\u00f3 a los consumidores los beneficios de las devoluciones fiscales que recibi\u00f3. <\/p>\n
Mientras los tribunales eval\u00faan si PlayStation debe modificar la terminolog\u00eda en su tienda digital para reflejar con mayor precisi\u00f3n la naturaleza de las licencias, la industria observa con atenci\u00f3n un caso que podr\u00eda transformar la forma en que se comercializan y perciben los contenidos digitales, promoviendo una mayor transparencia y protecci\u00f3n al consumidor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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