Detienen a alcaldesa de Tenancingo por presunto autosecuestro para obtener 40 millones de pesos y cubrir desfalco
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra seis personas, entre ellas la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, por simular su secuestro con el fin de exigir un rescate de 40 millones de pesos, monto que presuntamente se utilizaría para cubrir un desfalco en la administración municipal.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo de 2026, cuando la presidenta municipal denunció haber sido privada de su libertad afuera de su domicilio. Según la Fiscalía, desde febrero de este año, José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, planearon el falso secuestro para justificar la desaparición de recursos públicos. La propia alcaldesa habría participado en la simulación para encubrir el faltante.
Tres personas identificadas como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” ya fueron detenidas, mientras que José Roberto “N” y Oscar “N” permanecen prófugos. La audiencia de formulación de imputación contra Nancy “N” está programada para el 9 de julio.
La investigación reveló que el vehículo utilizado en el supuesto plagio fue un Volkswagen Virtus rojo, conducido por Karla Valeria “N”, y que la alcaldesa, durante el trayecto, indicó la ruta para evitar cámaras de vigilancia. En un momento, la edil utilizó un teléfono celular para comunicarse con su hermana y pidió que no se avisara a la policía. Finalmente, fue dejada en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, municipio de Tenancingo, desde donde solicitó auxilio.
El análisis videográfico no mostró indicios de violencia física contra la alcaldesa, y se observó que uno de los implicados incluso la ayudó a trasladarse entre vehículos. La Fiscalía también detectó que el teléfono entregado a la alcaldesa para hacer las llamadas estuvo activo en la Ciudad de México y Oaxaca entre el 7 y el 10 de junio.
Además de la simulación de secuestro, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” son investigados por extorsión, delito que puede alcanzar hasta 25 años de prisión. Por su parte, la Fiscalía de Combate a la Corrupción y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) analizan la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario.
Este caso pone en evidencia la complejidad de la administración pública local y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en los municipios. En un contexto donde la movilidad urbana y la gestión eficiente de recursos son prioritarios, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan mejorar el transporte público y reducir la desigualdad en el acceso a servicios, cobran relevancia como alternativas viables y modernas para el desarrollo regional.
