Demandan a PlayStation por falta de claridad en la propiedad de juegos digitales
Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La controversia gira en torno a la comercialización de juegos digitales como si fueran propiedad definitiva, cuando en realidad se trata de licencias revocables.
La legislación californiana prohíbe el uso de términos como «comprar» o «adquirir» sin una advertencia clara y visible que informe al consumidor que solo obtiene una licencia de uso, no la propiedad total del producto. Aunque PlayStation Store incluye textos legales en su proceso de compra, la demanda sostiene que estas advertencias son poco visibles y generan confusión entre los usuarios, quienes creen poseer los juegos de forma permanente, similar a un disco físico.
Este litigio surge en un contexto de creciente descontento global por el cierre de servidores que ha dejado inaccesibles varios títulos digitales. Un caso emblemático es el de Destruction AllStars, un juego exclusivo de PS5 lanzado en 2021, que fue retirado de la tienda y cuyo modo multijugador fue desactivado en mayo de 2026. Su modo para un jugador, actualmente disponible, desaparecerá el 25 de noviembre de este año, dejando el juego completamente inutilizable para quienes lo adquirieron.
El fenómeno de la pérdida de acceso a juegos digitales se intensificó en 2023 con el cierre de servidores de The Crew, un juego de conducción en línea de Ubisoft, que incluso eliminó los modos locales. Este hecho motivó a la asambleísta Jacqui Irwin a impulsar la ley AB 2426 en California. Además, ha surgido el movimiento internacional Stop Killing Games, que busca presionar a legisladores en Estados Unidos y la Unión Europea para que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin conexión tras el abandono comercial.
Sony enfrenta en 2026 múltiples frentes legales. Entre ellos destaca un acuerdo preliminar aprobado por un tribunal federal para resolver una demanda antimonopolio (Caccuri v. Sony) que acusa a la compañía de restringir la venta de códigos digitales a través de minoristas externos, inflando precios. Los usuarios afectados entre 2019 y 2023 recibirán compensaciones tras la audiencia final programada para el 15 de octubre de 2026.
Asimismo, en mayo de 2026 se presentó otra demanda colectiva que acusa a Sony de sobreprecios en la venta de la consola PS5 durante la crisis de aranceles, señalando que la empresa no trasladó a los consumidores los beneficios de las devoluciones fiscales que recibió.
Mientras los tribunales evalúan si PlayStation debe modificar la terminología en su tienda digital para reflejar con mayor precisión la naturaleza de las licencias, la industria observa con atención un caso que podría transformar la forma en que se comercializan y perciben los contenidos digitales, promoviendo una mayor transparencia y protección al consumidor.
