Suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en Operación Enjambre
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Operación Enjambre ha resultado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales que operan principalmente en el Estado de México.
Durante la presentación de resultados en materia de seguridad, el funcionario detalló que entre los detenidos se encuentran siete presidentes municipales en funciones, así como directores de seguridad pública, mandos policiacos y servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
La Operación Enjambre fue diseñada para identificar y desarticular redes de protección institucional que facilitaban actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo y cobro de piso. Según las investigaciones, varios de los funcionarios detenidos habrían utilizado recursos públicos, información privilegiada y estructuras gubernamentales para beneficiar a grupos del crimen organizado.
Las autoridades federales indicaron que una parte importante de los detenidos ya fue vinculada a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y otros ilícitos de alto impacto. Además, continúan abiertas diversas líneas de investigación para determinar el alcance de las redes de colaboración entre autoridades locales y grupos criminales.
García Harfuch enfatizó que el combate a la corrupción y a los vínculos entre autoridades y grupos delictivos seguirá siendo una prioridad en la estrategia nacional de seguridad. «Las investigaciones continúan y no habrá impunidad para quienes utilicen cargos públicos para favorecer actividades criminales», afirmó el secretario.
Este esfuerzo refleja la complejidad de la lucha contra la infiltración criminal en las instituciones públicas, un desafío que ha marcado la agenda de seguridad en México en los últimos años. La Operación Enjambre representa un paso significativo hacia la recuperación de la confianza ciudadana en las autoridades y la consolidación de un Estado de derecho efectivo.
